Lo decía Federico Mayor Zaragoza con ocasión de la apertura del nuevo centro por la paz de Arantzazu, "es un gran error tratar de convertir a los diversos en semejantes". Claro está que toda negociación entraña una cesión y cierta flexibilidad en las posturas iniciales en aras a un acercamiento que facilite un acuerdo de mínimos en cuanto a la metodología a seguir. Sin embargo, el acuerdo final, el verdaderamente resolutorio, será aquel y sólo aquel que, respetando y admitiendo las legítimas discrepancias, permita que sea la sociedad vasca, en primera persona, quien a la postre tenga la última palabra. Esto es, quien dirima qué es lo que quiere y cómo y cuándo lo quiere, de forma soberana.
He ahí el objetivo y la sustancia del acuerdo, lo que a mi modo de ver los partidos políticos vascos deben poder consensuar en una mesa de negociación que necesariamente ha de darse en un marco de total ausencia de violencia para que pueda ser "ese escenario de diálogo incluyente de todos los que representamos a la sociedad vasca", que diría el secretario general del PSE-EE.
"Esa mesa se pondrá en marcha cuando estemos todos de acuerdo en las condiciones, en los condicionantes y en el para qué", decía Patxi López. El "para qué" es pues el dilema. Y el "para qué" no debe ser otro que el de permitir que sea la sociedad vasca la que libre y democráticamente se pronuncie. El que los ciudadanos vascos se manifiesten públicamente acerca de un tema que les concierne de manera trascendental porque condiciona sus vidas es el más sano ejercicio de democracia que pueda haber, siempre y cuando el resultado de la consulta no se quede en papel mojado. Un método tan cercano a eso que Abraham Lincoln definió como "un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", que poco margen de disimulo deja a los partidos políticos, movidos con frecuencia por sus cálculos más inmediatistas en aras a acceder o a mantener el poder.
En un marco resolutorio, quienes teóricamente representan las distintas sensibilidades que conviven en nuestra sociedad, deberían aclararnos de una vez por todas a los ciudadanos cuáles son sus respectivas propuestas, por divergentes que éstas sean, decirnos qué entienden por conflicto vasco y si están dispuestos, o no, a modificar el actual estado de cosas a fin de que la sociedad vasca, en su conjunto, pueda decidirse por quien mejor exprese y defienda sus verdaderos anhelos. En definitiva, decirnos qué modelo de Estado contemplan y cuáles serían las principales ventajas e inconvenientes de hacer de su aspiración una realidad para que todos sepamos a qué atenernos cuando se nos pida que libremente escojamos entre las distintas alternativas, con el compromiso previo de respetar lo que la mayoría decida.
En una palabra, el consenso básico resultante de esa mesa de negociación tan esperada por todos debe ir abocado a permitir el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, tal y como, por otro lado, ya se acordó en su día en el Parlamento Vasco, por cierto con el voto favorable del PSE-EE.