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Jose Ignacio Calleja (Profesor de Moral Social Cristiana): Proceso de paz: ¡Normalización ética y cívica, antes que política!

29-12-2006

La opinión de Jose Ignacio Calleja sobre el acuerdo
Para la mayoría de nosotros, los vascos, el "proceso de paz" que sigilosamente discurre más allá de los focos de la prensa y la opinión pública, no deja de ser una puerta a la esperanza. Estoy dispuesto a oír los reproches a mi optimismo, tanto de quienes no lo llaman proceso de paz, los respeto y entiendo, como de quienes dicen que ni ha comenzado, ni avanza, o que ni hay ni hubo nunca condiciones para impulsarlo. Yo comprendo todo esto, pero también me gustaría reclamar la voz de quienes creemos que es una oportunidad a aprovechar.

1) Y la clave de partida de esta decisión no es una esperanza ciega o insensible al sufrimiento ajeno, y especialmente de las víctimas, sino un sentido de la realidad y de la historia que nos hace poner en la democracia las expectativas que corresponden a una obra humana, lejos de los logros de "los dioses". Estoy apuntando, con esta comparación, a una idea nuclear para la consecución de la paz en el País Vasco. Me refiero al idealismo que suele caracterizar a muchos ciudadanos al pensar la democracia en los conflictos sociales y, sobre todo, los políticos. Pienso en aquéllos ciudadanos que creen que la democracia es el procedimiento político que permite resolver todos los conflictos, hasta darles una salida satisfactoria y justa para todos los contendientes. A esta idea le suele acompañar un cierto optimismo sobre el ser humano y la vida social, en el sentido de que todas las situaciones se pueden arreglar con buena voluntad.

No voy a desacreditar estas buenas intenciones, pero debemos aceptar que la democracia no es el procedimiento político que resuelve todos los conflictos sociales, siempre y ya, con justicia, satisfacción y armonía general. A esto aspira, pero ella debe reconocer que su mérito primero es que emerjan todos los conflictos soterrados, no acallarlos u ocultarlos, y que al emerger, se vea si son antagónicos o no; estos últimos, los no antagónicos, se pueden resolver y superar democráticamente con un equilibrio y justicia razonables para todas las partes; los otros, los antagónicos, puede que sean radicalmente antagónicos, lo cual complica las cosas y hay que pensar en cambios estructurales, ¡mediante la no-violencia activa y democrática!, o que estén en un punto de antagonismo tal que la democracia, todavía, no los pueda afrontar con un pacto razonablemente justo, equilibrado y compartido por todos; en los dos supuestos, la democracia puede y debe situar estos conflictos radicales en un punto de equilibrio mínimo: el que asegura a toda la sociedad que no se expresarán como violencia de unos contra otros, sea la guerra civil, sea el terror, sea la guerra sucia. En estos casos, el diálogo social y político sigue siendo una perenne necesidad democrática, ¡pero hay que saber vivir democráticamente cuando todavía no se han resuelto con justicia absoluta algunos conflictos antagónicos, y sólo los hemos podido situar en el nivel de un pacto provisional y de mínimos! ¡Pienso, por tanto, en esa no-violencia activa y democrática, como el quicio de cualquier acción política, a la altura de la cultura y moral de los vascos del siglo XXI! La objeción de conciencia con sus requisitos estrictos puede ser, cuando el equilibrio provisional logrado parece injusto a algunas minorías, una necesidad para estos ciudadanos. Pero el rechazo de la violencia política es el mínimo imprescindible para escapar a la injusticia y el terror.

2) Esta primera idea reguladora de un proceso de paz, idea procedimental, debiera completarse con otras muy importantes, pero coherentes con ella: sea la honestidad en el conocimiento de la realidad; sea una sólida y clara relación de referencias éticas, desarrollo, claro está, de la dignidad incondicional de cada persona-ciudadano, en su pueblo o colectividad, sí, pero de la persona, su vida y su libertad individual como núcleo que articula la moral civil compartida; sea la consideración de la política como política, y sólo política, es decir, una realidad penúltima e histórica, legítimamente diversa, sometida a procedimiento democráticos y siempre pactada en el ámbito de los derechos humanos. Más concretamente, aún, se trata de saber que las actitudes pacificadoras tienen que ver con un saber ponerse en el lugar de los otros, practicar el diálogo democrático en profundidad, ¡salvo que según el parecer muy compartido por una sociedad estemos ante un caso de chantaje manifiesto!, añadido a todo lo que llamamos respeto a la palabra, perseverancia, inteligencia, coraje, etc.

3) De uno u otro modo, reconozco que todo esto está mil veces dicho por doquier. Significa, entonces, que hay que seguir dando pasos, pero sin olvidar el camino anterior. En realidad, más que de un camino habríamos de hablar de un edificio, donde lo construido, la cimentación, permanece ahí como algo sustantivo para el resultado final. No sólo vamos de camino, sino que, a la vez, construimos, y si el pasado nos pesa, el cimiento frágil nos condiciona más si cabe. "Quien edifica su cara sobre arena..." dice un pasaje evangélico, siempre vive amenazado. Para mí, esa roca firme son las convicciones éticas firmes, claras y compartidas. Y aquí reaparece una idea muy importante para el proceso de acuerdo, y para el acuerdo mismo, y es el compromiso público de renunciar a la violencia en la acción política democrática. No sé el modo exacto en que puede hacerse esto, -¡sabemos ser sutiles, he dicho alguna vez, pero no ciegos o necios!-, pero sí que tiene que ser evidente para la gran mayoría de los otros ciudadanos, por acción y omisión, de palabra y obra. Para mí éste es un factor muy importante, porque nos iguala a todos los ciudadanos vascos. No sólo es una cuestión moral de respeto a la vida, cuestión de principios, que es vital; no sólo es una cuestión de confianza de unos en otros; es una cuestión de igualdad radical entre los ciudadanos y por ende de libertad. Un ejemplo sencillo y claro: No habíamos hablado tan claramente de las cuestiones nacionales, y en general políticas, hasta que ETA no ha declarado el alto el fuego permanente. En Batasuna esto no lo entienden, ni lo aceptan; pero las cosas son así. Muchísimos ciudadanos vascos no han (¿hemos?) hablado con la libertad de hoy hasta que ETA ha "salido" del escenario. Cualquier portavoz de Batasuna, con un mínimo de sentido común, sin escapar por lo fácil de "el Estado también mete miedo", debería reconocer que ser ciudadano de un lugar y que otros ciudadanos ¡pacíficos y democráticos! te digan que les das miedo, que tus reacciones les dan miedo, que los que te avalan con las armas les dan miedo, esto es fuerte. Así que el proceso y el acuerdo requieren una confianza más honda que la de la palabra de vasco, una confianza que dice de todos para todos, "no te mataré", "no me matarás". Parecerá que estoy exagerando, pero el primer postulado moral es "no me mates". Uno puede arriesgar su vida por una causa, pero no la de otros y, menos aún, decidir por ellos.

4) Si salvamos este mínimo moral, es posible echar a andar un procedimiento de acuerdo que lo someta todo al criterio democrático de la gente real, de los territorios reales de que hablamos. Es decir, cada uno puede pensar y razonar a su modo los porqués de los derechos fundamentales de su pueblo y de por qué un territorio único, pero esto no se puede imponer. Se razona y se siente, y cada uno llega a sentir y afirmar lo que pueda o quiera. Importa hacer abstracción de estos absolutos políticos y fijar un punto de partida más práctico: para poder convivir en paz y democracia, los vascos acuerdan un proyecto de convivencia en común, tan concreto como se pueda, tan compartido como quiera la población, todos juntos y de cada territorio, y tan provisional como sea necesario para que nadie vea cerrada para siempre su aspiración u obligado para siempre a ser lo que no siente ser. Lógicamente hay que pactar muchas cosas hacia dentro y pactar con los pueblos de España, y llegar en las convicciones nacionales hasta donde se pueda según el parecer de la gente, y guardar para el futuro la expresión doctrinal y la concreción jurídica que todavía democráticamente no pueda ser. Yo creo que es posible el acuerdo si reconocemos que la referencia identitaria y nacional última es libre, legítimamente libre y diversa, y es abierta a lo que el futuro pueblo vasco pueda desear; y es un pacto de mínimos suficientes, relativamente insatisfactorio e incómodo para todos, pero satisfactorio por sus réditos para la convivencia y el bienestar de los ciudadanos de hoy; éste es un pueblo diverso y complejo en lo sustantivo, no sólo socialmente, sino identitariamente, y esto es lo que hay que aceptar y encauzar democráticamente en un pacto de iguales hacia dentro, que no margine ni engulla a las minorías en ningún territorio, ni en el conjunto, y un pacto de justicia y solidaridad también hacia "fuera", los otros pueblos que comparten proyecto de Estado en lo que hoy es España, con lo que se tiene unos compromisos adquiridos. Las justificaciones absolutas, las que obligan a una sola salida, incluso a una salida con unos mínimos políticos no compartidos, no pueden imponerse contra la voluntad de la gente. Ni España, ni Francia, ni Euskal Herria son una obligación nacional para los vascos, sino una referencia identitaria legítima que se somete a su concreción histórica según va siendo posible plasmarla por voluntad de todos sus ciudadanos, en los términos que éstos lo vean, cuando lo vean, donde lo vean, mientras lo vean, y si lo ven. Todo lo demás no tiene otro resultado que el totalitarismo político de recurrir a la fuerza para imponer a la gente un deber ser identitario, jurídico y político, sin más justificación última que "nosotros lo sabemos, podemos más y es así".

5) Concretando, un poco más, sobre presos, sobre mesa política, sobre normalización, y sobre pacificación-reconciliación, para mí es claro que la dispersión de los presos no tiene sentido ya, en medio de un proceso de paz, más o menos cuajado, y, en todo caso, el acercamiento se corresponde mucho mejor con el espíritu de nuestras leyes penitenciarias. La interpretación humanitaria más común en la jurisprudencia internacional democrática sobre proximidad a su entorno, redención de penas, enfermedades y grados de cumplimiento de la pena, ha de ser una práctica común de nuestra democracia, más que nunca, ahora. Su uso instrumental en una negociación no es aceptable. La tortura, si se denuncia que se da, debe perseguirse con toda clase de medios en orden a su aclaración y, en su caso, erradicación absoluta. Creo que si el proceso avanza, habrá que plantear caso por caso la situación de los presos y ver cómo podrían verse afectados todos por medidas de justicia restauradora más que punitiva y vengadora. Excuso de añadir que la prosecución de la violencia, de alta o de baja intensidad, está fuera de toda lógica en un proceso de paz.

El acuerdo político, en su caso y como borrador, es cosa inmediatamente de los políticos, de los que democráticamente nos representan y se comprometen con la política en los términos éticos, no violentos y democráticos que he dicho. Dentro del Parlamento o fuera, todo tiene su momento; puede empezar fuera, más aún si han de oírse y conocerse muchas voces y movimientos sociales, y debe terminar aprobándose dentro; y, cómo no, por todo el pueblo o sociedad de los vascos, en todos y cada uno de sus territorios, con unos mínimos que representen una concreción real del pacto entre distintos que nos debemos, si aspiramos a una fotografía ética, política y jurídica que nos permita reconocernos y ser reconocidos. No voy a decir cuáles son esos mínimos en cuanto a porcentajes de población, pues han de pactarse todavía, pero como el acuerdo no se apoyara por mayoría absoluta en todos los territorios, sería un fracaso para todos. Yo deseo que ese proyecto jurídico y político compartido permita la normalización política del país, pero mi convicción es que la normalización misma es un proceso de tira y afloja, largamente inacabado, y, hasta donde alcanza mi vista, una realidad provisional para varias generaciones. Nuestra normalización política es atreverse a vivir en esa provisionalidad y complejidad identitaria y política, mientras la gente lo necesite y lo quiera, y todo lo demás, son excesos ideológicos de quienes no saben ponerse en el lugar vital de los otros, iguales y distintos, y obligarse a pactar con ellos todo, ¡también la referencia nacional! Cuando esto no se puede digerir, viene el fanatismo y, en su extremo, la pretensión de tener derecho a imponer la propia idea de ciudadanía, territorio y nación, es decir, de aterrorizar. Yo así lo veo. Nuestra normalización política es, al cabo, normalización cívica y normalización ética. Éstas son previas y no pueden darse por logradas, ni mucho menos. Yo creo más en éstas que en aquélla.
No obstante, y como vengo diciendo, ¿proceso de paz? En mi nombre sí.


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