Lokarri

Su propia denominación -proceso de paz- deja claro cuál es el objetivo. El proceso sería, sin duda alguna, globalmente distinto si se tratase de un "proceso de justicia" por ejemplo. En ese caso el objetivo sería, está claro, la justicia. Pero en el actual proceso el objetivo es la paz (el cese de la violencia por parte de quien no está ni autorizado ni legitimado para ejercerla.) Aunque enseguida habrá quien afirme, con toda lógica, que no hay paz sin justicia. Y así es. Así es a menos que los ciudadanos decidan de forma consensuada que esta vez podemos, debemos y queremos hacer un esfuerzo muy especial para relegar la (búsqueda de la) justicia a un segundo plano o incluso a renunciar a parte de ella porque, dadas las circunstancias, hoy consideramos fundamental que, sobre todos los demás valores, se haga la paz. A costa de (jirones de) la justicia incluso.

Y cuando digo paz digo reconciliación social, y creo que en una sociedad como la nuestra que ahora busca de alguna manera superar los odios y las injusticias del pasado lejano y del más próximo, conseguir ese beneficio social exige no sólo una defensa política sino sobre todo una defensa moral si se quiere que esa ponderación, ese balanceo -que algunos tachan de mercadeo- entre valores sea éticamente aceptable.

Creo que la justificación moral del proceso será tanto mayor cuanto más próximo esté éste al cumplimiento de tres retos morales. Retos que las instituciones públicas deben intentar satisfacer siempre en democracia. Y retos que, todas las personas participantes en el proceso, no sólo dichas instituciones, deben respetar. Cuanto más próximos estén los actores del proceso a la satisfacción de estas tres premisas morales, más podrán contribuir, tanto instrumentalmente como con su propio ejemplo, a la democratización de la sociedad.

El primer reto es que el proceso debe ser moral en principio. Los actores del proceso deben hacer referencia explícita a bienes morales; bienes, por tanto, comparables a la justicia que, al menos en parte, puede estar siendo sacrificada. Defender los objetivos del proceso y las actividades de sus actores principales obliga a distinguir una justificación moral de otra puramente prudencial o auto-interesada o de intereses de grupo. Exige, pues, que distingamos razones morales de razones amorales o inmorales.

La segunda premisa es que debe ser moral en la perspectiva. Los actores del proceso deben ofrecer razones que sean integradoras de todas las personas que buscan condiciones morales de cooperación social. Estas razones deben ser además accesibles a todos los ciudadanos que tienen un interés legítimo en vivir juntos en esta sociedad. Esta exigencia no quiere decir que todos deben aprobar de hecho esta justificación sino sólo que las personas que buscan realizar la cooperación social no deberían poder rechazarla razonablemente.

La tercera es que debe ser moral en la práctica. El proceso debe partir del reconocimiento de la responsabilidad moral de todos los participantes y de la aceptación explícita de las condiciones democráticas básicas del respeto mutuo y la reciprocidad. A partir de cierto momento además, sus conclusiones han de ser públicas. Esta exigencia es tanto más importante en la medida en que quienes son, y/o se consideran, víctimas pueden percibir razonablemente que partes importantes de la justicia -tales como el justo castigo por los crímenes cometidos contra ellas, sus familias y conciudadanos- pueden verse sacrificadas para avanzar en el proceso.

Si el proceso cumple esos tres requisitos, entonces sí, sin ningún reparo, todos deberíamos poder afirmar con tranquilidad que moralmente es aceptable el sacrificio de la búsqueda de (parte de) la justicia para que se haga la paz. Pero para ello todas las partes deben afirmar sin ambages que la democracia es la forma más justificable de manejar el desacuerdo en política. Y que todas las personas deben ser tratadas como ciudadanos libres e iguales y que deben estar autorizadas para compartir como iguales el gobierno de su sociedad. Afirmo esto porque creo firmemente que en democracia, o mejor, en nuestras democracias imperfectas -todas lo son- los ciudadanos y sus representantes deben justificar cualquier acción o compromisos colectivos mediante razones que puedan ser aceptadas por todos aquellos a quienes dichos actos comprometen u obligan. Y que cuando los ciudadanos tienen desacuerdos morales en política, deben seguir deliberando entre ellos, buscando el acuerdo moral cuando pueden, y manteniendo el respeto mutuo cuando son incapaces de lograrlos.

No sé en qué fase del proceso estamos. Pero considero moralmente necesario que en algún momento los ciudadanos podamos escuchar y entender que sus protagonistas lo justifican, no sólo por motivos de utilidad, conveniencia y/o de ocasión políticas, sino también en relación con las tres premisas morales mencionadas. Sólo así, creo, avanzaremos realmente hacia la paz, la justicia y una democracia más democrática.