A raíz de la investigación de los papeles obtenidos tras la detención del dirigente de ETA Xabier Lopez Peña "Thierry" se ha producido la detención y el posterior encarcelamiento de las empresarias María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz acusadas de haber pagado de manera voluntaria el impuesto revolucionario. Así mismo, ayer fue retenido el director general de Sidenor, Jose Antonio Jainaga, para ser interrogado por el mismo motivo. En relación a estos dos hechos Lokarri, Red ciudadana por el acuerdo y la consulta, quiere transmitir su rechazo a estas actuaciones judiciales por los siguientes motivos:
- El impuesto revolucionario supone una grave amenaza para las personas que reciben una carta conminando a entregar una cantidad de dinero a ETA y trae consigo un grave quebranto para la vida familiar, económica y laboral.
- El pago de la cantidad reclamada por ETA no es un delito. El Código Penal afirma en su artículo 20.6 que está exento de responsabilidad criminal "el que obre impulsado por miedo insuperable". El temor al daño que se puede sufrir por no pagar el impuesto (atentados, secuestros) puede llevar al pago del mismo, circunstancia que no es imputable penalmente.
- Ahora, tras estas detenciones y actuaciones anteriores contra personas que pagaron el impuesto revolucionario, todas las personas que reciban una carta exigiendo dicho impuesto se enfrentan a una doble amenaza. Por un lado, la de ETA, en el caso de que se nieguen a pagarlo, y por otro, la del Poder Judicial, quién amenaza con perseguir a todas las personas que, empujadas por el miedo, hagan frente a esta extorsión.
- Es cuando menos chocante que estas actuaciones se hayan dirigido contra personas cercanas al nacionalismo vasco o con responsabilidades en empresas con un fuerte arraigo en nuestra sociedad. No es creíble que únicamente estas personas sean las que aparezcan en los papeles incautados a Thierry y que sean precisamente ellas el principal objetivo contra el que ahora se dirige la Justicia.
- Finalmente, hay que insistir en que los medios empleados por la Justicia en estos casos son desproporcionados, ya que no tienen en cuenta el daño que pueden causar en la reputación y la vida laboral, económica y familiar de estas personas.
Por todo ello, Lokarri quiere exigir al Poder Judicial la máxima transparencia y respeto en la investigación a la que se ven sometidas estas personas amenazadas. No se puede confundir a las víctimas con los victimarios ni dejar a todas estas personas en una situación de indefensión tanto frente a ETA como frente a la Justicia.