El proyecto del Gobierno Vasco no se conoce en su totalidad, pero Lokarri quiere plantear algunas aportaciones para que sea una buena oportunidad que permita asentar las bases de una convivencia pacífica y plural.
El testimonio que se ofrezca en los centros educativos debe ser plural, es decir, abierto a todas las víctimas de la violencia. La información recogida se refiere a que se trasladará el testimonio de las víctimas del terrorismo, en clara alusión a las víctimas de ETA. Es necesario recordar que el pasado 22 de diciembre el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una resolución en la que se insta a reparar y reconocer a las víctimas de la violencia de motivación política. No se puede establecer una categoría de víctimas de primera y segunda. Permitir el testimonio de unas ocultando el de otras sólo lleva a ofrecer un relato parcial y sesgado de las graves vulneraciones de Derechos Humanos acaecidas en nuestro pasado más reciente.
El testimonio que se ofrezca en los centros educativos debe ser constructivo, es decir, centrado en evitar que en el futuro haya más víctimas y en defender una convivencia entre diferentes. El proyecto debe huir del traslado de un testimonio centrado exclusivamente en el dolor padecido. Es negativo por dos razones: 1) su repetición conduce a que la víctima no pueda canalizar su padecimiento de manera positiva y 2) el alumnado puede acabar recibiendo un mensaje excesivamente asentado en el pasado y sin capacidad de mirar al futuro.
Es más, las víctimas de la violencia no son un colectivo monolítico. En los últimos años se han podido escuchar desde mensajes con una alta carga vindicativa hasta otros defendiendo el diálogo. También hay víctimas que han acusado a una parte de la sociedad vasca de estar más cerca de "los verdugos que de las víctimas", usando su propia terminología. Así, es necesario clarificar qué instrumentos desarrollará el Departamento de Educación para lograr que el mensaje sea constructivo. Es especialmente importante en el caso de que se ofrezcan los testimonios de manera presencial.
Finalmente, el proyecto propone que sea cada colegio quien decida los cursos y la fórmula a través de la que se trasladarán los testimonios de las víctimas. Esta idea es adecuada porque cada centro tiene una realidad distinta. Ahora bien, no hay un consenso básico lo suficientemente fuerte en la sociedad vasca sobre el tratamiento que debe darse a la cuestión de las víctimas. Tampoco lo hay a nivel político, aunque se ha avanzado mucho en los últimos años. El problema puede surgir si se traslada este tema a los centros educativos, donde el profesorado, alumnado y progenitores conforman un colectivo que también refleja la pluralidad de la propia sociedad vasca. En cierta forma, esta decisión de que cada colegio decida cómo aplica este proyecto puede suponer una traslación de la incapacidad de llegar a acuerdos sobre este tema a un lugar que tiene como fin educar, no solucionar lo que la clase política no resuelve. Por todo ello Lokarri propone que el Gobierno Vasco, previo a la aprobación definitiva del proyecto, establezca un proceso de diálogo y consenso entre los diferentes partidos políticos.