Después de conocer la ilegalización de ANV, hoy la Audiencia Nacional ha hecho pública la condena impuesta a los acusados en el juicio contra Gestoras pro Amnistía. La sociedad vasca asiste a un nuevo recorte de Derechos y libertades democráticas básicas. Un Estado de Derecho se caracteriza por el respeto radical a las libertades individuales, como son la libertad de expresión, el derecho de reunión o manifestación o la defensa, en igualdad de condiciones, de proyectos e ideas políticas. A estos hay que sumar el respeto a las garantías jurídicas mínimas que debe tener toda persona acusada y procesada y el derecho a la defensa en condiciones óptimas.
Esta sentencia vulnera estos Derechos ya que la condena se basa en vaguedades, supuestas relaciones con ETA y es una extensión de los argumentos utilizados por la propia Audiencia Nacional para condenar a los acusados en el sumario 18/98, basada en el desarrollo de la tesis "todo es ETA". Según este argumento, toda aquella organización que defienda unos objetivos semejantes a ETA es parte de su estructura y sus integrantes pueden ser condenados por pertenencia a banda armada, aún cuando no se haya demostrado fehacientemente la pertenencia a ETA de todas y cada una de ellas.
Este camino para resolver el problema de la violencia es inaceptable. La estrategia del Estado contra la violencia no puede estar basada principalmente en el recorte de libertades democráticas básicas, que son la base de todo Estado de Derecho. Así, se retoma la estrategia del "todo vale" y se responde a la violencia con ilegalizaciones y condenas por pertenencia a organizaciones de carácter político. La respuesta a ETA tiene que ser escrupulosamente democrática y respetuosa con las libertades y los Derechos Humanos. Caer en la tentación de responder por cualquier medio supone alimentar una espiral de violaciones de derechos humanos que ya ha demostrado sus graves consecuencias en el pasado. En cambio, la apuesta por la democracia, los derechos humanos y el diálogo colocan a ETA en una posición en la que cada vez le será más difícil mantener su estrategia de violencia y sufrimiento, como pretendió ayer con el intento de atentado contra un agente de la Policía.
Por todo ello, Lokarri denuncia y rechaza esta sentencia de la Audiencia Nacional, solicita la libertad de los integrantes de Gestoras pro Amnistía que se encuentran en prisión y reclama la absolución de todos los condenados.
17 de septiembre de 2008