Lokarri

El contenido del Plan

Una de las principales preocupaciones de Lokarri respecto a la redacción inicial de la Reformulación era la ambigüedad e imprecisión del término "deslegitimación de la violencia", ya que daba cabida al riesgo de que este concepto se empleara con fines partidistas. El nuevo Plan reconoce expresamente que su interpretación puede presentar riesgos y define este concepto con mayor claridad, lo que representa un importante avance. Ahondando en esta interpretación, el propio Plan establece que la convivencia democrática es compatible con la defensa de opciones alternativas al marco jurídico, siempre que se defiendan de manera pacífica y democráticamente. Gracias a este avance se eliminan algunos riesgos de utilización partidaria de este objetivo.

Pese a este avance, otras cuestiones problemáticas se mantienen. Como el propio plan reconoce se ha trasladado el foco de atención, de los Derechos Humanos a las víctimas. Este desplazamiento de los objetivos puede resultar negativo ya que se abandona una concepción integral de los Derechos Humanos y el trabajo por asentar una cultura de paz que garantice su cumplimiento en toda su extensión.

Es más, aunque el Plan centra su atención en las víctimas del terrorismo, cuando la primera reformulación se centraba casi exclusivamente en las de ETA, deja fuera otras víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos, como puedan ser las causadas por la violencia de motivación política. En este punto es necesario recordar que el propio Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una resolución en la que se instaba a presentar un informe para su reconocimiento y reparación, pero en el nuevo Plan son marginadas.

El procedimiento de aprobación del Plan

Todo el procedimiento ha sido un ejemplo de cómo no tramitar una reforma en un tema tan sensible para la sociedad vasca, de cómo no dialogar, de cómo no alcanzar consensos sociales y políticos amplios:

1- La comunidad educativa y las asociaciones que trabajan en este ámbito conocieron las primeras noticias sobre las bases de la reformulación a través de la prensa.

2- El plazo para presentar aportaciones y generar un diálogo constructivo que facilitase un acuerdo sobre la Reformulación fue muy escaso. La comunicación con las partes interesadas también fue muy deficitaria.

3- El resultado de esta tramitación fue una avalancha de críticas, todas ellas justificadas, que generaron una situación de alarma social. El Gobierno Vasco, al no haber trabajado la información y el consenso social, provocó un rechazo amplio al Plan por parte de la comunidad educativa, organizaciones sociales y partidos políticos.

4- La redacción del nuevo Plan, incorporando las aportaciones recibidas a la Reformulación, se ha gestionado sin transparencia ni participación. Nuevamente la comunidad educativa y las organizaciones sociales no han sido consultadas. Un ejemplo de ello es que, antes de tener acceso al documento, lo han conocido por los medios de comunicación. El Gobierno Vasco no ha convocado ninguna reunión para explicar la nueva redacción o recabar aportaciones.

5- El diálogo para alcanzar un consenso sobre el Plan ha sido partidario, restringido a las formaciones políticas. Además, no se ha contado con todas ellas para implicarlas en el proceso de elaboración del nuevo documento.

Una conclusión final

Un Plan de Convivencia Democrática y deslegitimación de la violencia no se puede imponer por decreto. Tampoco es una cuestión meramente política. Su aplicación y desarrollo requiere del concurso activo de los sectores implicados -comunidad educativa y familias- desde el primer momento. El Gobierno Vasco ha gestionado la redacción del Plan con el convencimiento de estar defendiendo unos principios morales y éticos tan indiscutibles que no ha facilitado la incorporación de otras visiones. Así, ha actuado de manera unilateral y sólo cuando ha comprobado su error de partida ha trabajado el consenso, aunque limitado a otros partidos políticos y dejando fuera a los sectores que tendrán que aplicarlo día a día en los centros escolares.

Este Plan ha nacido con un debate intenso, déficits de comunicación y disensos evidentes. Su aplicación práctica estará repleta de dificultades. La convivencia y el consenso son valores muy arraigados en la comunidad educativa, donde está presente toda la pluralidad inherente a nuestra sociedad. Las escuelas no tienen la obligación de resolver un tema que es arrojado desde los responsables políticos sin un acuerdo suficiente y sin la tranquilidad necesaria para desarrollar una labor social irremplazable.