Lokarri

España es un Estado democrático de Derecho. Sé que hay ciudadanos y ciudadanas vascos que no están de acuerdo con dicha afirmación pero mi diagnóstico debe partir, al margen de consideraciones políticas, de la constatación de que España es un Estado reconocido como democrático y de derecho por la comunidad de Estados que se adscriben a dicho modelo, y, de forma especial, por la Unión Europea y el Consejo de Europa. Ahora bien, la categoría de Estado democrático de derecho no es un estadio estático y cerrado en sí mismo, de modo y manera que todos los sujetos políticos que acceden a ella resulten ser clones de un modelo unívoco. Por el contrario, a partir de la concurrencia de los elementos formales que caracterizan al Estado democrático de derecho debería hablarse de niveles diversos en cuanto a la calidad democrática de un Estado concreto y de la necesidad de establecer una exigencia continua y constante en la mejora y perfeccionamiento de todo sistema jurídico-político calificado como democrático de derecho. Todo el mundo comprenderá lo que digo si me refiero a Finlandia y a Turquía como dos ejemplos en los que, pese a compartir un mismo modelo teórico, la distancia en la plasmación real de los elementos que caracterizan al Estado democrático de derecho es considerable. Dicho lo cual, quisiera decir que, en mi opinión, la calidad de la democracia española es claramente mejorable y que la evolución y el desarrollo del sistema jurídico-político español ha estado y sigue estando condicionado por dos elementos de signo negativo: el primero se refiere a la existencia, a mi juicio, de algunas inercias que hunden sus raíces en el anterior régimen dictatorial de naturaleza fascista. En segundo lugar, debemos mencionar la existencia de una organización, ETA, que hace uso del asesinato, de la violencia, de la coacción, de la extorsión, de la intimidación y del terror para conseguir fines políticos.

El Estado, cualquier Estado, tiene el deber de proteger la vida, la libertad y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que son víctimas potenciales de las actuaciones de los grupos violentos, y es legítimo que para ello recurra al uso de herramientas jurídicas que persigan la finalidad antedicha. Ahora bien, la creación y el uso de tales herramientas no deben responder al criterio exclusivo de la eficacia sino que deben ser extremadamente respetuosos con los principios y valores del Estado democrático de derecho interpretándolos de la manera más amplia posible. Lo diré de otro modo: no debe bastarnos, a mi modo de ver, el cumplimiento del principio de legalidad porque encima de la ley está, precisamente, el régimen de derechos y libertades de la ciudadanía que goza de la protección de la Constitución y de los tratados y convenios internacionales. En consecuencia, debemos hablar, también, del principio de intervención mínima de la ley penal; del de la proporcionalidad a la hora de determinar las penas; o de la garantía máxima de los derechos fundamentales a la expresión, a la libertad de información y a la participación política.

A su vez, creo que no debe obviarse la existencia de un sector de la población vasca que no reconoce la legitimidad del Estado español, bien en su vertiente de Estado democrático o bien en el relativo a Estado de Derecho, o en ambos y que sería bueno y deseable ganar a dicho sector -incorporándolo a él- para el sistema democrático. Concurre, además, con el hecho referido un segundo (que tiene con el primero espacios comunes): la persistencia en el seno de la sociedad vasca de una demanda política, de intensidad y amplitud notables, que reclama la constitución de un Estado vasco independiente, planteamiento desde luego legítimo que está sólidamente amparado por los derechos fundamentales a la participación política y a la libertad de expresión. Dicho esto, a nadie se le escapa que la demanda antedicha forma parte de los objetivos que dice ETA perseguir mediante el uso de la violencia, no obstante lo cual, no debería haber duda alguna en un sistema democrático de Derecho de que las legítimas actuaciones policiales y judiciales contra una organización violenta o terrorista tienen por objeto a las personas que son miembros, colaboradores o encubridores de dicha organización y que aquéllas no deben perseguir las ideas, salvo que éstas incurrieran en apología del terrorismo, en cuyo caso habría que depurar las responsabilidades penales de sus autores.

En un sistema democrático de Derecho cabe -debe caber- la crítica a las actuaciones gubernamentales, las policiales o las judiciales, o incluso la crítica a la legislación antiterrorista, sin que ello suponga connivencia alguna con organizaciones violentas o terroristas ni tan siquiera participar o compartir determinados intereses políticos. Mantener una posición crítica con respecto a las facultades de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, por excesivas, y a algunas de sus actuaciones, como el cierre del diario "Euskaldunon Egunkaria"; demandar neutralidad ideológica e imparcialidad indubitada al Consejo General del Poder Judicial; solicitar diligencia extrema en la tramitación de algunos sumarios judiciales y en el cumplimiento estricto de las garantías procesales y de los derechos fundamentales de las personas encausadas; considerar que son desproporcionadas algunas penas legalmente previstas para castigar las acciones encuadrables en lo que se ha venido a denominar la "kale borroka"; sostener que debe procurarse que las personas encarceladas cumplan su pena en prisiones próximas a su lugar de residencia; demandar el estricto cumplimiento del principio/derecho a la igualdad en la aplicación de los beneficios y reducciones penitenciarias; exigir la adopción de medidas eficaces para que desaparezca toda posibilidad de que haya prácticas de tortura o malos tratos en los ámbitos de detención o de prisión....Todas estas posiciones (que son compartidas en buena medida por este Ararteko desde una posición de atenerse a la interpretación más extensiva posible del sistema de derechos fundamentales de la persona) no suponen, ni muchísimo menos, alimentar nada que beneficie a ETA, sino que tienen como fin mejorar y perfeccionar el sistema de garantías de los derechos y libertades de las personas, que es pilar fundamental del Estado democrático de Derecho.

Razones éticas y razones de defensa de la libertad y de los derechos de la ciudadanía han fundamentado desde siempre una posición de condena firme de ETA por parte del Ararteko, exigiendo su desaparición. Son, precisamente, esas mismas razones las que nos llevan a demandar la aplicación rigurosa de lo que podemos denominar razón de sistema democrático de Derecho como directriz básica de la lucha contra la criminalidad, sea ésta de la naturaleza que sea. Sería bueno, a mi juicio, muy bueno, que en Euskadi contribuyéramos a reforzar un espacio que, ajeno a intereses políticos, trabajara día a día, con rigor, en la defensa de los derechos de las personas, lo cual conlleva, en mi opinión, unir en un mismo discurso argumental dos cuestiones: de una parte, la condena de la violencia que practica ETA, que tiene sometidos a un régimen permanente de terror y de conculcación de los derechos fundamentales más básicos a miles de ciudadanos y ciudadanas vascos y de otras nacionalidades; y, por otro lado, la exigencia al Estado democrático de Derecho de ser extremadamente diligente en la protección de los valores, principios y derechos que fundamentan un sistema de esas características y, por tanto, en la mejora continua, en su caracterización y en su funcionamiento, de las instituciones y órganos cuyas actuaciones inciden en ese campo. Esta segunda exigencia debe implicar, además, hacer uso, cuando sea menester, de la crítica, de la denuncia y de la petición de reformas legales, porque una democracia debe estar construyéndose día a día, perfeccionándose día a día, y debe ser vigilante continuamente para que los principios y valores y el régimen de derechos y libertades que constituyen su fundamento gocen de excelente salud, y cuando hablo de democracia no me estoy refiriendo a un sistema jurídico y orgánico, sino a un sistema de convivencia basado en los valores, principios y derechos fundamentales que constituyen el núcleo de la democracia.

Iñigo Lamarca Iturbe
Arartekoa