Euskal Herria

Cataluña y País Vasco necesitarían al Estado para pagar sus pensiones

Ambas tienen un déficit de más de 5.000 millones de euros según el informe del BBVA.

Siguiendo en marca su estrategia política para avanzar hacia una mayor autonomía que las acerque a la independencia política del resto del Estado, tanto el gobierno nacionalista de Cataluña como el gobierno del País Vasco han reclamado el que se transfieran las competencias sobre la Seguridad Social. Sin embargo, echando cuentas a los números, lo cierto es que la decisión parece más de tono político que económico. Si realmente se transfirieran las competencias en medida de Seguridad Social, con recursos y gastos, doce de las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña y País Vasco, estarían en graves problemas. Hablamos de una situación deficitaria que, según el reciente informe del BBVA realizado por uno de los expertos en longevidad y pensiones de habla hispana, José Antonio Herce, pondría en riesgo la posibilidad de cobrar las pensiones.

El déficit se iría por las nubes

En base al análisis que lleva a cabo Herce en el apartado «Las pensiones en las comunidades autónomas», dentro del informe del BBVA, ha tenido en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo. Con ellos, estima que los ingresos por cotizaciones en Cataluña suman un total de 20.061 millones de euros. Por su parte, los gastos serían de 22.909 millones, lo que provocaría un déficit de 2.848 millones de euros.

Algo parecido ocurre en el País Vasco, donde el déficit sería de 2.213 millones de euros, resultado de una recaudación de 6.555 millones y unos gastos de 8.769 millones de euros.

El desequilibrio que se produciría sería debido a la relación entre afiliados y pensiones que está en 1,9 en el caso de Cataluña; y del 1,7 en el País Vasco.

El actual sistema de pensiones

Actualmente, el sistema de pensiones español se conoce como «caja única de la Seguridad Social». Es el Estado el que recauda las cotizaciones a nivel nacional distribuyendo entre los pensionistas sin razón del país de residencia, constituyendo, según Herce, «una de sus principales fortalezas. Las regiones con mejores tasas de soporte –de los flujos de afiliados y pensiones– son las que financian en parte a las regiones con las peores tasas de soporte, que son la mayoría».

Estadísticamente, solo en cuatro autonomías: Madrid, Canarias, Murcia y Baleares, se tiene un superávit en los sistemas de pensiones de autónomos y podrían ayudar al resto. De hecho, la comunidad que más ayuda es Madrid con un ratio de cotizante – pensiones más elevado, 2,6, y un superávit de 2.074 millones de euros. Por su parte, Baleares tiene 506,9 millones de superávit, algo menos, en Murcia, con 231 millones, o Canarias, con 164 millones.

Por otro lado, está la parte más deficitaria al margen del País Vasco o Cataluña. En este sentido, en Galicia, con un déficit de 3.013 millones de euros, y un futuro muy comprometido debido a que su ratio cotizantes – pensiones no llega al 1,3; o Castilla y León, con un ratio algo mayor, de 1,5, pero con un déficit de 2.877 millones.

Asturias, la comunidad más crítica

Siguiendo con datos estadísticos, la comunidad autónoma que más problemas tendría sería Asturias. Su ratio cotizantes – pensiones apenas alcanza el 1,2. Los ocupantes no llegan a aportar ni la mitad de los recursos de los pensionistas.

La recaudación por cotizaciones en Asturias es de 2.084 millones. Por el contrario, sus gastos ascienden a 4.586 millones según las estimaciones llevadas a cabo por el BBVA.

La principal causa de este problema en la región es el pasado industrial con altos salarios que ha dado lugar a pensiones muy elevadas. Hay que matizar que la media de la comunidad al mes es de 1.085 euros al mes -la supera País Vasco, con 1.142; y Madrid, con 1.087-. En cuanto a las pensiones, las más altas se establecen en el País Vasco, con 1.314 euros mensuales, mientras que, las de Asturias, engloban una media de 1.293 euros al mes.

Según el estudio, la transferencia de la Seguridad Social no sería viable ni adecuado para las autonomías que tendrían serias dificultades para cumplir con los pagos de las pensiones. De hecho, en el caso de Galicia, Asturias, Castilla y León, y Cantabria, habría «severos desequilibrios que les impedirían, seguramente, cumplir sus compromisos de pensiones o los de otros programas autonómicos del estado del bienestar como la educación o la salud adecuadamente».

Fuente: LaRazón